domingo, 27 de noviembre de 2022

 EL MAR Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Entrevista de Radio TRAPANANDA a HÉCTOR KOL

Noviembre de 2022.

“La función de los Acuerdos Comerciales es asegurar de que este desastre se mantenga...”

https://youtu.be/qBvxHyTiUz4


miércoles, 4 de mayo de 2022

AYSÉN: RESERVA DE BASURALES

 

AYSÉN: RESERVA DE BASURALES

 

Por Héctor Kol

Para sinrepresassinsalmoneras.blogspot.com

Mayo de 2022

 

 



 

En 2016, en una entrevista presencial con Daniel Matamala en CNN-Chile, el actual Contralor General de la República, Don JORGE BERMÚDEZ, señalaba que la “falta de servicio” en las oficinas públicas debía considerarse CORRUPCIÓN, es decir, que no hacer el trabajo por el que los funcionarios públicos cobran un sueldo, debía ser calificado como tal. 

El mismo año, la Contraloría General de la República emitió dos Informes Finales por sendas  Auditorías al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) en materias de Acuicultura. Lo que hizo la Contraloría fue revisar, a la luz de los antecedentes entregados principalmente por el Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt en diciembre de 2015, el cumplimiento de funciones de ambos servicios públicos en sus tareas de fiscalización (SERNAPESCA) y regulación (SUBPESCA) a la salmonicultura en Chile, entre los años 2010 y 2015, inclusive.

Y los resultados de esta auditoría realizada fueron los esperados y mismos que se obtendrían hoy si se repitiera el mismo procedimiento y no sólo en SERNAPESCA y SUBPESCA, sino en las Superintendencias del Medioambiente de las tres regiones australes, en la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) y sus Gobernaciones Marítimas y Capitanías de Puerto dependientes, en los Servicios Regionales de Evaluación de Impacto Ambiental y en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS FFAA).

En todos ellos (y estamos en condiciones de probarlo, si así lo requiere la Contraloría)  similares auditorías del órgano Contralor arrojarían iguales resultados a los alcanzados en 2016: que NINGUNO de estos servicios cumple con las funciones por las que sus funcionarios reciben un sueldo, es decir, que hay “falta de servicio” y por lo tanto, que hay CORRUPCIÓN.

En las pocas conferencias que he dado en los últimos años, porque la situación del maritorio austral exige más “heavy metal” que el acostumbrado y ejecutarlo ocupa más tiempo que el reggaetón que tocan las ONGs “ambientalistas” y mucho más que el trap de los “colectivos ambientalistas”, he repetido, sin falta ni duda, que el principal problema político, social y económico del país, es LA CORRUPCIÓN, donde la “falta de servicio” de las oficinas públicas es la principal fuente de ese problema.

 En efecto, existen suficientes normas, leyes y reglamentos para haber detenido en Chile la masacre del maritorio austral, que se extiende por más de 2.400 kilómetros lineales desde Puerto Montt hasta el Estrecho de Magallanes. Y la masacre no se ha detenido sólo porque hay corrupción, hay “falta de servicio”.

 Todo aquello que faltaba cuando iniciábamos con Remigio Gutiérrez de Cochamó y el fotógrafo Carlos Gutiérrez este desafío de erradicar la industria tóxica desde el mar que proveía el 70% de los productos del mar que abastecían la mesa de todos los chilenos (incluso de aquellos que hoy se sienten “changos”) ya se encuentra instalado,  siguiendo las pautas que trazara mi amigo y hermano FERNANDO SIEBALD cuando nos conocimos en el inicio de esta batalla épica.

 Fernando ya no está, pero lo que sabía que había que hacer, en cuanto a cambios en las normas y leyes, ya se hizo… Sólo falta ejecutarlo, sólo necesitamos que la “falta de servicio” sea erradicada de las oficinas públicas…

 Los basurales salmoneros detectados este mes por un operador turístico de la Región de Aysén en las cercanías del Estero Elefante que conduce hacia Tortel, no es el primero ni el último en ser encontrado, pues Aysén, la otrora Reserva de Vida de ambientes “prístinos” que ahora sólo existen en los folletos que reciben los turistas, no tiene defensa ante lo que la Industria Salmonera lleva haciendo con las aguas interiores y el borde costero de la Región gaucha desde hace 15 años, al menos.

 No sólo se trata de la “falta de servicio” masiva en los servicios públicos que deben evitar esta masacre y que detallaremos, sino que también se trata de que esa política de proteger  a los depredadores del mar que nos alimentaba, ha alcanzado a las comunidades indígenas que parcelan sus Espacios Marinos (Ley Lafkenche) para vender porciones “ancestrales” a las salmoneras y centros de engorda de moluscos y que también ha alcanzado a la pesca artesanal, la misma que prometía quemar una salmonera por cada camión con cemento para HIDROAYSÉN que ingresara a la Región. Hoy, esa pesca artesanal se dedica a “pescar” basuras salmoneras, en lanchas “certificadas” que pagan todos los chilenos.

 

Por supuesto, tampoco cuenta la Región de Aysén y su gente, con las ONGs que viven del problema (pero no de sus soluciones) y que en 2019 llegaron de manera masiva a defender la creación de nuevas Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) en el maritorio regional,  para facilitar, así, la instalación de más salmoneras o la “relocalización” de las ya existente… Una docena de ONGs “defensoras del medioambiente” al servicio NO de los ambientes “prístinos”, sino de todo lo contrario… Y ahí quedaron… Con un nocaut al primer round propinado por una transmisión de Radio Trapananda…

 En 2007 y 2008, la entonces Fundación Pumalín de DOUGLAS TOMPKINS presentó las primeras denuncias por los basurales salmoneros enterrados en las playas de Puerto Cisnes y otros dispuestos en el borde costero del Canal Jacaf, aledaño al Parque Nacional Isla Magdalena. Con el uso de un ROV sumergible, encontró, además, basurales sumergidos también a lo largo del Canal Jacaf, incluyendo redes de balsas jaulas con cadáveres de salmones que fueron sumergidas ahí, al lado de un Parque Nacional.

 


 Quince años atrás, entonces, la conversión a basurales de los ambientes “prístinos” había comenzado en Aysén, cuando ya existían el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Ministerio Público para perseguir “delitos ambientales”, cuando los municipios estaban ya dotados de la facultad para presentar las correspondientes denuncias por “daño ambiental” y la DIRECTEMAR ya tenía facultades de fiscalización a los establecimientos acuícolas, que comparte hasta hoy con SERNAPESCA….

 A pesar de ello, NADA pasó… Una institucionalidad casi completa que no se echó a andar porque el último resabio de la política de “diversificación” de la Economía de la Dictadura Militar tenía (y tiene) que ser protegido a toda costa, aún a pesar de esa institucionalidad…

 La institucionalidad para evitar mayores efectos degradantes de la Industria Salmonera ha aumentado en estos 15 años transcurridos y pieza por pieza se han instalado los artículos o normas faltantes que pensara Fernando Siebald.

 Tardamos 6 años en conseguir que el concepto “capacidad de carga” quedara plasmado en la Ley General de Pesca y Acuicultura tras una presentación en el Congreso Nacional que hice en 2007, representando a la CONAPACH de Caracciolo y Mella.

 Otros 7 años tuvimos que esperar para que la Contraloría se pronunciara acerca de la obligatoriedad de que los estudios de capacidad de carga deban estar incluidos como ítem infaltable en las evaluaciones de impacto ambiental a las que son sometidos los proyectos salmoneros.

Se crearon las Superintendencias del Medioambiente para fiscalizar el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs) de los proyectos ambientalmente evaluados, entre ellos los proyectos salmoneros y se las dotó de las facultades para REVOCAR tales Resoluciones que constituyen, en esencia, el permiso ambiental para que tales proyectos se ejecuten.

 Las Cortes de Apelaciones de Puerto Montt y de Santiago, la Corte Suprema y hasta el Tribunal Constitucional han dado legitimidad activa a las organizaciones como los Comités de Defensa del Borde Costero y han acogido decenas….DECENAS….de sus demandas de información amparadas por el Consejo para la Transparencia, también creado tras la crisis del Virus ISA del 2007…

 Y a pesar de ese robustecimiento de la institucionalidad, siguen apareciendo basurales,  las salmoneras y las miticulturas siguen operando fuera de sus concesiones otorgadas, siguen vigentes aquellas concesiones que llevan 10 años o más sin operaciones y siguen las salmoneras generando condiciones “anaeróbicas” en sus sitios de emplazamiento, condiciones que la Ley de Pesca califica como “condiciones donde la vida acuática es imposible”, a pesar de que en sus insignificantes Declaraciones de Impacto Ambiental aseguraron que no las generarían… Y en el caso de Aysén, estas condiciones que hacen IMPOSIBLE la vida acuática se producen mayoritariamente en Áreas Silvestres Protegidas del Estado… ¿Protegidas de qué?...

 



 ¿Por qué sigue sucediendo esto si existen las normas, las leyes y las sanciones escritas para evitarlo y existen SERNAPESCA, la Armada de Chile, las Superintendencias del Medioambiente, los Servicios de Evaluación Ambiental y los Municipios para supervisar el estricto cumplimiento de tales normas o de las sanciones por violarlas?

 Sigue sucediendo porque el problema es LA CORRUPCIÓN y porque detrás de ella existe la decisión política de que esta corrupción, esta falta de servicio, SE MANTENGA, Gobierno tras Gobierno… incluso en el actual, para el que la “salmonicultura sustentable” es un objetivo tan a la mano como la Minería Sustentable….

  Aysén: Reserva de Basurales

 En junio de 2019, hace tan solo tres años, se presentaron ante los servicios públicos TRES  denuncias por basurales detectados en el maritorio y borde costero de la Región de Aysén.

 CODEFF- Aysén, donde me desempeñaba como encargado de su Programa Marino,  presentó una primera denuncia por basurales detectados en el Canal Costa, al surweste del Fiordo Aysén, que incluía no sólo cabos plásticos, recipientes de productos químicos y redes y tubería de PVC en desuso, sino hasta un pontón flotante abandonado en la orilla de playa, como muestran las figuras siguientes.

 Las denuncias fueron canalizadas hacia la Superintendencia del Medioambiente de Aysén (SMA- Aysén) sin resultados a la fecha.

 




Simultáneamente, el operador turístico DANIEL TORRES detectó basurales salmoneros en el borde costero y playas cercanas al Parque Nacional Laguna San Rafael, basurales que alcanzaban varios kilómetros de extensión y compuestos, principalmente, por tuberías y cabos plásticos, boyas en desuso marcadas con los centros de engorda de origen (Salmones Cupquelán y Salmones FRIOSUR) y trozos de balsas jaulas de PVC.

 La denuncia también fue canalizada por CODEFF- Aysén y el Programa Marino en el que me desempeñaba y fue ingresada a la SMA- Aysén. Tampoco hay resultados a la fecha a pesar de que entre la basura había elementos que identificaban a los probables responsables de la misma.

 






A fines de ese mismo mes de junio, una expedición del Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt al Canal Darwin de la Reserva Nacional Las Güaitecas, con participación de la pesca artesanal de Puerto Aguirre, permitió  detectar centros salmoneros abandonados y basurales flotantes, además de acopios de desechos en el borde costero de las Islas Paulina, Quemada y Luz, todo ello dentro de la Reserva Nacional Las Güaitecas, Área Silvestre Protegida del Estado (sic). En las proximidades de tales basurales en mar y tierra, existían centros de engorda de salmones de las empresas CERMAQ y MULTIEXPORT.

 La Figura 10 muestra, en color lila, los sectores donde se dispusieron basurales en el borde costero del Canal Darwin, parte de la Reserva Nacional Las Güaitecas. En las cercanías, centros de engorda de la empresa CERMAQ y uno de ellos, identificado con el Registro Nacional de Acuicultura (RNA) 110711 una instalación que ha informado de “condiciones anaeróbicas” en su sitio de emplazamiento en los años 2011, 2014, 2015, 2018 y 2020.

 Cinco Informes Ambientales, en definitiva, que señalan que el proyecto fue ambientalmente mal evaluado, que requería de un Estudio de Impacto Ambiental para su ejecución y que la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó su funcionamiento NO SIRVE…. ¿Quién debe hacerse responsable de eso?.....

 


    


         

           


         

 La denuncia respectiva fue ingresada también en la SMA- Aysén, que derivó parte de los hechos a SERNAPESCA- Aysén y a la Gobernación Marítima dependiente de la Armada de Chile, según oficio despachado por la Superintendencia en agosto de ese año. No se conocen sanciones cursadas por este caso de parte de ninguno de los servicios públicos informados del hallazgo. El centro mantiene aún su RCA que no sirve….

 En síntesis, en solo un mes, tres denuncias por igual motivo: basurales salmoneros. Y debajo de ellos, los cacareados “ambientes prístinos” de la Patagonia…

 En Septiembre de 2020, el STI de Pescadores Artesanales y Buzos “Nuevo Amanecer” de Puerto Aguirre, Región de Aysén, presentó denuncias ante la SMA- Aysén por extensos basurales detectados en el borde costero de las Islas Simpson y Rojas, aledañas a la Reserva Nacional Las Güaitecas.

 En el Mapa de la Figura 15 siguiente se muestran los sectores donde fueron detectados desechos principalmente plásticos que se muestran en las figuras siguientes, como cabos, tuberías de PVC, flotadores de plumavit  y boyas en desuso. La denuncia fue entregada por el Sindicato Nuevo Amanecer también a la SMA- Aysén, donde duerme el Sueño  de los Injustos…

 




 





Los basurales detectados en 2020 afectan un sector que queda muy próximo al basural detectado también por Daniel Torres en el Estero Elefantes, al sureste de Isla Simpson, este año, como muestra la Figura 19 siguiente. Es decir, se trata de un basural ya establecido por los basureros, posiblemente a sabiendas de que nadie se toma la molestia de ir a fiscalizar las normas, leyes y reglamentos existentes.

 


 

Allí, en la costa de la isla Simpson y frente al Estero Elefantes el operador turístico detectó basurales de grandes dimensiones en el borde costero aledaño a la concesión acuícola que debiera operar el centro RNA 110827 de EXPORTADORA LOS FIORDOS, compuesto, también por desechos principalmente plásticos como muestran las figuras siguientes.

 




Si se aplicase el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, el centro responsable de este acopio de desperdicios no degradables y poco “prístinos” debiera ser LOS FIORDOS RNA 110827, por encontrarse esta basura en la playa aledaña al centro. Sin embargo, este centro NO HA OPERADO EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS y de hecho, su caducidad por falta de operaciones fue solicitada por el Sindicato “Nuevo Amanecer” de Puerto Aguirre en Diciembre de 2019, constituyendo una de las casi 300 solicitudes de caducidad de concesiones acuícolas que tanto el Sindicato referido como los Comités de Borde Costero de Puerto Montt y “Calbuco Emergente” han cursado ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, sin tener respuesta alguna.

 Esta vez, entonces, LOS FIORDOS parece ser inocente…

 La Figura 22 muestra la ubicación de las solicitudes de caducidad de concesiones acuícolas que han sido cursadas por la pesca artesanal de Puerto Aguirre y por los Comités de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt y “Calbuco Emergente”, desde 2019 y hasta la fecha,  sin respuesta alguna de parte del servicio estatal que debe darles curso o rechazarlas, a pesar de haberle entregado a este todos los antecedentes que demuestran que la causal de caducidad contemplada en la Ley de Pesca EXISTE en estos casos.


 
¿Por qué no se caducan? ¿Quién dio la orden de no hacerlo? ¿Cuántas Subsecretarías más hay que esperar para que tal repartición cumpla con su trabajo?

 ¿Cuántas Resoluciones deberá emitir la SS FFAA justificando que estas faltas de operaciones, que son causalidad de caducidad, son “paralizaciones de actividades por efectos de la pandemia de COVID”, incluso en centros de engorda que estaban en causal de caducidad aún ANTES DE QUE APARECIERA EL COVID? ¿Quién dio esa orden?

 No pocos éxitos hemos tenido en este larguísimo batallar contra una industria tóxica que se ha elevado como principal amenaza a la Soberanía Alimentaria nacional. Ahí están Cobquecura, Lago Chapo, Lago Ranco, el cierre de Aysén para nuevas concesiones en 2019 a pesar de las ONGs “defensoras del mar” y antes, el cierre de Magallanes, en 2013.

 Ahí están los Informes de Auditoría de la Contraloría General de la República de 2016 y posteriores, la salida de Alicia Lagno de SERNAPESCA (y luego de SUBPESCA) la salida del Director Ejecutivo del SEA- Los Lagos después de 35 años de prestaciones de favores a la Industria tóxica, entre otras…

 Pero no es suficiente.

 Mientras se mantenga la corrupción, la falta de servicio, como guía para la acción en los servicios públicos que deben defender el mar, nuestra Soberanía Alimentaria seguirá en peligro. Mientras se mantengan las balsas-jaulas salmoneras y las miticulturas destruyendo el mar día tras día, nuestra Soberanía Alimentaria estará bajo ataque.

 Decenas de personas han intentado una lucha franca contra la Industria, pero han descuidado un tema central: que la Salmonicultura no es sólo basurales en las playas y en el fondo del mar.

 La Salmonicultura es un problema POLÍTICO y que se debe abordar como tal. La Salmonicultura es una actividad degradante que está  protegida por múltiples actores, además de los Gobiernos y por lo tanto, para enfrentarla, se debe enfrentar…. con los “precisos”, sólo con los "precisos".

 Ni uno más…. Ni uno menos.

 

Héctor Kol

Patagonia sin Represas… Sin salmoneras

Mayo de 2022.

 

 

 

 

 

 

 

martes, 22 de marzo de 2022

PESCA ARTESANAL ENTREGA CARTA A BORIC PARA QUE PROCEDA A LA ANULACIÓN DE LA LEY LONGUEIRA

 PESCA ARTESANAL ENTREGA CARTA A BORIC PARA QUE PROCEDA A LA ANULACIÓN DE LA LEY LONGUEIRA

Palacio de La Moneda, 21 de marZo de 2022.


Santiago de Chile, 20 de marzo de 2022

Señor Presidente de la República

Don Gabriel Boric Font

PRESENTE

Señor Presidente:

Soy GERARDO DÍAZ ROJAS, chileno, pescador artesanal de la ciudad de Constitución y conocido públicamente como “El Pescador Caminante”, que hace 4 años decidió salir de Constitución para recorrer Chile con su bicicleta, denunciando los efectos de la llamada Ley Longueira sobre el mar y sus recursos y sobre los hombres que pescábamos para vivir.

Aunque salí a informar a la gente de la calle sobre las razones que hacían necesaria la ANULACIÓN de esa Ley de Pesca que se impuso en un Parlamento sobornado por la pesca industrial, en mi ruta desde Chaitén a Antofagasta, unos 3.500 kilómetros de conversaciones, reuniones, intercambio de información y también agresiones,  entendí que el problema era aún más grande que el que yo creía y que la Ley Longueira no sólo es una amenaza para la actividad pesquera, sino para todo el país, hoy y mañana, porque lo que está en peligro es la Soberanía Alimentaria del país.

La Ley de Pesca aprobada en 2012 mediante la distribución de sobornos entre los parlamentarios chilenos, como lo han señalado los Tribunales de Justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y hasta el propio parlamento, también fue respaldada por transnacionales ambientalistas disfrazadas como ONGs, que llevan años hablando por nosotros ante los medios de comunicación sobre los más diversos temas, pero sin preguntarnos NADA.

Estas ONGs, que se presentan como defensoras y protectoras del mar y de sus recursos, que se meten donde nadie las llama y opinan sin que nadie les pregunte sobre temas que no conocen, porque sus sedes están en Santiago y Santiago no tiene mar, respaldaron una Ley corrupta porque, según ellos, tenía “criterios de sustentabilidad”, es decir, de protección de los recursos pesqueros amenazados, según sus datos, principalmente por la pesca ilegal… Es decir, la pesca que se realiza sin respetar las disposiciones, las reglas, DE UNA LEY CORRUPTA.

Esos mismos argumentos señalaba el autor de esta Ley, el entonces Ministro de Economía, don Pablo Longueira.

Hoy, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) el organismo estatal encargado de hacer lo que no hace, es decir, regular la explotación de los recursos del mar para que no desaparezcan, señala que gracias a esta Ley Longueira de 2012, apoyada por estas ONGs “defensoras del mar”, los recursos pesqueros están efectivamente desapareciendo y en el año 2018 un estudio de la propia SUBPESCA indicó que más del 70% de las especies de interés alimentario y económico que se estudiaron, están sobre-explotadas o en colapso. Son 19 especies de 27 estudiadas….Sólo ocho de ellas estaban, hace cuatro años atrás, en condiciones de seguir siendo explotadas. ¿Dónde están los “criterios de sustentabilidad”?

También colapsaron.


En mi recorrido por el sur de Chile entendí dónde va a parar toda esa destrucción y cuál es el propósito real de una Ley que sólo defienden las ONGs y las organizaciones de pescadores artesanales que dirigen, exclusivamente, los dueños de lanchas, los “armadores”, que en lugar de pescar para vivir, viven de “semaneros” de la Industria Salmonera, limpiando las playas que ensucia la misma Industria o de la venta de las cuotas que recibe la “pesca artesanal”.

Conocí en Puerto Montt los depósitos de miles de sacos para alimentos para salmones que se fabrican con los peces que no se comen los chilenos, sino los salmones que son exportados. Los recursos pesqueros, hoy, ya no alimentan personas, sino cerdos, aves… y salmones.



La Ley Longueira, señor Presidente, no nació de la nada, sino que es la extensión, el capítulo 2 de una primera Ley Longueira conocida como “La Ley Corta de Pesca”, impuesta en el año 2002 por el entonces Diputado Pablo Longueira en una negociación política con el Presidente Ricardo Lagos.



Gracias a esa Ley “corta” el pescador artesanal recibió una credencial que señala que es un pescador artesanal que no puede pescar y los buzos artesanales recibieron otra credencial que señala que es un buzo que no puede realizar maniobras de buceo….

Gracias a estas leyes que defienden las ONGs y los “armadores” dueños de lanchas artesanales y la Pesca Industrial, que regula SUBPESCA y que fiscaliza SERNAPESCA, los pescadores NO PODEMOS PESCAR y los buzos artesanales NO PUEDEN BUCEAR….




Hace 20 años, Señor Presidente, que se ha mantenido esta situación ridícula sólo porque es LEGAL, es lo que señala la normativa vigente, es lo que defienden los que viven del problema, como las ONGs y los que se hacen ricos gracias a este problema: los industriales pesqueros.

La pesca artesanal que generaba una producción orgánica de alimentos sanos, sin uso de pesticidas para combatir piojos de mar, sin hormonas de crecimiento para hacer más rentable la actividad acuícola, sin antibióticos, sin colorantes para teñir la carne de sus capturas, esa pesca artesanal que entregaba a todos los chilenos alimentos no peligrosos, ha desaparecido.

Esa pesca artesanal que vivía de la pesca cuya venta generaba recursos que se distribuían en partes iguales entre todos los que trabajaban en ella, una distribución igualitaria de los recursos que se generaban por un trabajo colectivo, ha desaparecido.

Hoy, los pescadores artesanales NO TIENEN UN SOLO KILO DE PESCADO, porque ese pescado se entrega en cuotas AL DUEÑO DE LA LANCHA, al “armador”, que “arma” negocios sólo para él e incluso puede vender su cuota sin pescarla, vende el permiso de pesca y nos priva del trabajo… y eso es LEGAL….

Hoy, los pescadores artesanales dependemos de los basurales que acumulan las salmoneras en las costas del sur de Chile, los buzos artesanales dependen de la cantidad de salmones que se mueren en las salmoneras del sur de Chile, dependemos de los “proyectos” que le entrega SUBPESCA a los dirigentes para apernarlos en sus cargos, dependemos de que el “armador” no pueda vender su cuota asignada y que esté obligado a salir a pescarla, porque sólo eso nos asegura trabajo…

Hoy, la pesca artesanal, Señor Presidente, ya no pesca para vivir. La pesca artesanal es basurera, la pesca artesanal es recolectora de mortalidades, la pesca artesanal vive de sobornos, de pescas de “investigación” para investigaciones con resultados que nadie conoce. Todo eso, también es LEGAL.

La pesca artesanal se hizo acuicultora en el centro-norte y en el sur de Chile. Cultiva ostiones al lado de los emisarios de aguas servidas en Coquimbo e Iquique, cultiva choritos en el sur de Chile al lado de las salmoneras, para que los choritos engorden más rápido filtrando los excrementos de los salmones o las partículas de alimentos con antibióticos y pesticidas con que se alimentan los salmones.

Mi recorrido por Chile, Señor Presidente, no sólo me ha educado más sobre las consecuencias nefastas de estas leyes corruptas que se defienden sólo en Santiago (donde están las ONGs) y sólo en Valparaíso (donde está el Congreso Nacional) sino que ha aumentado y solidificado mi creencia de que para garantizar a los chilenos una alimentación que está en peligro mundial, es necesario anular la Ley Longueira. No puede seguir siendo LEGAL tanta canallada, tanta estupidez, tanta ignorancia, tanta corrupción.

Es una tarea difícil y estoy seguro de eso. Lo he vivido en carne propia, en varias agresiones, encerronas, asaltos e intentos de atropello de quienes “defienden la Ley”. Necesitará ayuda para emprender esa tarea que debe ser ahora, de forma instantánea, sin “gradualidades” que nos han llevado hasta donde estamos, con casi un 80% de las especies pesqueras colapsadas, con los chilenos como primeras víctimas de esta desastrosa Ley.

Si la emprende, si decide asumir esta responsabilidad de usar su cargo para hacer el bien y no para otra cosa, cuente con mi ayuda. No soy un hombre letrado, pero tengo la experiencia que usted no tiene y una voluntad de luchar que ninguna ONG puede comprar. Aprendí a vivir sin tener precio y hay muchos otros que tampoco lo tienen.

Esa voluntad y esa experiencia la pongo a su disposición.

 

GERARDO DÍAZ ROJAS

Pescador Caminante.