LA CONTRALORÍA TIENE LA PALABRA
Por Héctor Kol
Para
sinrepresassinsalmoneras.blogspot.com
Marzo de 2020
“Simplemente las verdades
se van haciendo una sola
y es valiente quién las dice,
más valiente en estas horas…”
“Simplemente”- Santiago del Nuevo
Extremo
Años ‘80
En el año 2016, el actual Contralor General de la
República, Don Jorge Bermúdez, fue entrevistado en CNN-Chile por Daniel
Matamala, para abordar temas relativos a la corrupción y al combate que se
hacía contra ella desde la Contraloría General (CGR).
En la entrevista, el Contralor señaló que la “falta
de servicio”, es decir, cuando un funcionario público cobra el sueldo por un
trabajo que no hace, debe ser considerado “corrupción”.
Precisamente ese año 2016, la CGR evacuó dos Informes
Finales de Auditorías realizadas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
(SERNAPESCA) y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) donde se
evaluó el comportamiento y la calidad de las funciones que cumpían estos
servicios en materias de salmonicultura[1].
Sobre ellos y sus roles de fiscalización (SERNAPESCA)
y regulación (SUBPESCA) de la salmonicultura en Chile, las conclusiones de la CGR fueron terminantes: entre los
años 2010 y 2015, NINGUNO DE ESTOS SERVICIOS CUMPLIÓ LAS FUNCIONES POR LAS QUE
SUS FUNCIONARIOS COBRARON EL SUELDO. Es decir, durante SEIS AÑOS, tanto
SERNAPESCA como SUBPESCA actuaron como servicios públicos CORRUPTOS…
Los sumarios encargados por la CGR a estos servicios
públicos corruptos aún no culminan, sus resultados son inciertos y posiblemente
todos los corruptos sean absueltos por sus propios pares y colegas, puesto que
la Contraloría no tiene facultades para destituir a nadie. Sólo verifica y
certifica el comportamiento corrupto y a lo más, ordena la restitución de
fondos públicos, como los que se roban los concejales que viajan a Suiza para
ver qué clase de turismo se hace allá para replicarlos en el sur de Chile… aunque
Suiza no tenga mar…
La sentencia del Contralor Bermúdez en CNN cuatro
años atrás, sin embargo, puede convertirse en un boomerang si antes del 8 de
abril de este año, no emite un pronunciamiento clave para la mantención y el
desarrollo precisamente de la salmonicultura que regulan y fiscalizan los servicios
públicos corruptos ya señalados.
En efecto, la CGR demoró sólo semanas en “tomar
razón” y darle curso a las leyes represivas que propuso la Dictadura
Empresarial a un Parlamento Corrupto (quizás el más corrupto e ignorante de la
Historia nacional) que las aprobó en
cosa de horas, para darle a las Fuerzas Armadas licencia para matar al “enemigo
interno” (casi todos nosotros) que pudiese amenazar la estabilidad, seguridad o
los bienes del segmento ABC1 de la población chilena o lo que ellos califican
como sectores estratégicos de la economía (entre ellos, los mall, los casinos y
los bancos).
A usted, ahora, lo pueden matar de un tiro en la
calle y en la investigación y juicio posteriores, será su palabra (la palabra
de un cadáver) contra la palabra de aquél que lo convirtió en cadáver al
defender a la Patria, es decir, los malls, los casinos y los bancos… Adivine
cuál será el resultado de la investigación y juicio, ambos pos-mortem.
Apenas semanas demoraron en tramitarse,
aprobarse y publicarse en el Diario Oficial las leyes que le entregan, por
segunda vez, el poder político a las Fuerzas Armadas y de Orden, mismas que nadie elige
ni “plebiscita” y que se encuentran desfilando en Tribunales por múltiples
casos de desfalcos. Tal como estuvo desfilando y arrancando el Presidente que
ahora les devuelve el poder….
Por contraste, 20 MESES lleva esperando el Comité de
Defensa del Borde Costero de Puerto Montt, una organización comunitaria
funcional de la capital de la Región de Los Lagos, para que esta misma
Contraloría se pronuncie acerca de la obligación que tiene o no la SUBPESCA
(servicio público corrupto, según la Auditoría de 2016) de realizar los
estudios técnicos que señala la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en su
Artículo 87º, para que los establecimientos de acuicultura operen DENTRO DE LAS
CAPACIDADES DE CARGA DEL MEDIO ACUÁTICO INTERVENIDO y no se generen, en los
sitios de emplazamiento de estos “establecimientos” (es decir, salmoneras,
miticultivos y otros) CONDICIONES ANAERÓBICAS (ANÓXICAS) QUE IMPIDEN… LA VIDA
ACUÁTICA…
En efecto, la organización ciudadana, que entiende
que entre estos estudios técnicos que la LGPA le ordena a la SUBPESCA se
encuentran aquellos que determinan cuántos salmones como máximo se pueden producir
en un sitio de mar dado, ingresó esta solicitud de pronunciamiento en julio de
2018, bajo el rol 188.682 y actuando inicialmente en conjunto con el Comité Pro
Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) de la que el Comité se separó cuando
CODEFF-Aysén decidió apoyar, en 2019, una re-zonificación del Uso del Borde Costero
en la Región de Aysén, cocinada por otras ONGs "defensoras del mar" y el actual Gobierno y que era absolutamente favorable a las salmoneras, pero que también era ilegal
al no ser consultada a las comunidades indígenas regionales. Fue precisamente
con las comunidades de Melinka, que logramos derribar esta “cocina” de un nuevo
menú salmonero.
En la solicitud original ingresada en Contraloría, el
Comité de Puerto Montt hacía notar que en agosto de 2017 la SUBPESCA había
señalado que no estaba obligada a hacer los estudios de capacidad de carga puesto
que la LGPA no se lo señala:
“…Conforme a las
disposiciones citadas, la capacidad de los cuerpos de agua para efectos del
desarrollo de la acuicultura se mide por la existencia de condiciones aeróbicas
en las áreas de impacto de la acuicultura, sin que dicha normativa haya
establecido la ejecución de estudios de capacidad de carga…”
(SUBPESCA,
Ord. Nº 1605 del 7 de agosto de 2017
a CODEFF)
En efecto, la LGPA tampoco le señala a SUBPESCA que
NO DEBE COBRAR SU SUELDO SI NO HACE SU TRABAJO y por eso, tal vez, lo sigue
cobrando igual.
Porque las “condiciones aeróbicas” que señala
SUBPESCA en su respuesta a CODEFF son las que existen ANTES de que se ejecuten
los proyectos y que se consignan en una Caracterización Preliminar del Sitio
(CPS) y es precisamente para que se mantengan estas condiciones DURANTE la ejecución de los
proyectos acuícolas, es decir, para que se cumplan los objetivos y principios
de la propia Ley General de Pesca y Acuicultura (preservar y conservar los
recursos pesqueros y el ambiente acuático que los contiene) es la SUBPESCA
quien debe elaborar la normativa respectiva. ESA es su función, la que
justifica su propia existencia. No es su función dedicarse a jugar a la ruleta rusa con el
Mar de la Patagonia, el mar de todos los chilenos.
Y las consecuencias de esta recurrente falta de
servicio de SUBPESCA, que se niega a hacer los estudios que determinarían
cuántos salmones se pueden producir en un sitio dado sin que se superen las
capacidades de carga de los sistemas, es decir, sin que se generen esas
condiciones anaeróbicas que previene la LGPA, fueron demostradas por el Comité
de Puerto Montt en tres imágenes incluidas en la solicitud de pronunciamiento
ingresada en julio de 2018 a
la Contraloría de Bermúdez.
En ellas, se mostraba la posición de los centros de
engorda de salmónidos que declararon, entre los años 2010 y 2017, la existencia
de condiciones “anaeróbicas” en sus sitios de mar e incluso lagos que ocupaban
en las tres regiones australes del país.
Estas condiciones anaeróbicas en unos 400 centros de
engorda de salmónidos y algunos de mitílidos (choritos) fueron generadas por
producciones que aprobó SUBPESCA y que los efectos degradantes que causaron en el medio
acuático señalan que estaban por sobre las capacidades de carga de los
sitios intervenidos, capacidades de carga que permanecen desconocidas
porque precisamente el servicio que aprueba esas producciones, se niega a ejecutar los estudios que las determinarían,
permitiendo que se especule con un bien nacional de uso público, autorizando no sólo producciones iniciales que
generan condiciones anaeróbicas, sino ampliaciones de producción de hasta un
mil por ciento (!) por sobre la producción originalmente autorizada, sin un
solo estudio que sustente esa aprobación, como lo demostró el Comité ante la
CGR en su solicitud.
Evidentemente, una concesión acuícola con una producción
autorizada de 200 toneladas/año de salmónidos vale mucho menos en el mercado
que una concesión acuícola autorizada para producir 3 mil toneladas/año de
salmónidos… y esa especulación financiera, inmobiliaria, que rodea a la
salmonicultura en Chile, es protegida por SUBPESCA al negarse a poner límites
productivos en cada uno de los sistemas acuáticos que intervienen las
salmoneras y que serían el resultado técnico de la realización de los estudios de
capacidad de carga.
Han pasado casi dos años desde que el Comité de Puerto
Montt y la ahora salmonera organización CODEFF solicitaron ese pronunciamiento
a la Contraloría de Bermúdez.
Mientras esperábamos, otros 70 centros de producción
de salmónidos, incluso aquellos instalados en Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, como la Reserva Nacional Las Güaitecas en Aysén y el Parque Nacional de
Agostini, en Magallanes, han arrojado condiciones “anaeróbicas”, es decir, han
hecho del ambiente acuático un sitio no apto para la mantención de la vida
acuática.
No haré un juicio de valor sobre las “prioridades” de
la Contraloría respecto a que si cursar licencias para que personal entrenado y
armado pueda matar a ciudadanos desarmados,
cualquiera sea la circunstancia, sea más importante para el Estado
(especialmente, ESTE Estado) que proteger y defender lo que de verdad le
entrega Soberanía: su mar y sus recursos pesqueros.
Cada uno hace de su profesión el reflejo de su propia
alma y cada cuál decide qué destino le quiere dar a lo que ha aprendido. Cada
uno decide si servirá al “bien común” o sólo a los dueños de los mall, de los
casinos o de los bancos… Cada uno verá si será absuelto, o no, por la Historia…
Pero en este caso, fue la Contraloría, a través de su
principal autoridad, quien dictó las normas de conducta de un funcionario
público ese año 2016.
Y apelo a que esas normas las respete quien las
expuso, quien nos las enseñó, haciéndonos creer que en su servicio público
encontraríamos un sitio donde acudir cada vez que el sustento de nuestras vidas
se vea amenazado o, como en este caso, esté siendo destruido a vista y
paciencia de quien recibe un sueldo para protegerlo.
El próximo 8 de abril, culmina la moratoria
(congelamiento) para que las salmoneras puedan pedir nuevas concesiones
acuícolas en ese Mar Patagónico que les queda por destruir. El pronunciamiento
de la Contraloría, que estamos esperando desde hace 20 meses, es fundamental
para evitar que las salmoneras y sus esclavos culminen su oprobiosa labor que
llevamos 14 años continuos combatiendo allí, en nuestra propia “Primera Línea”
y a pesar de todo y contra todos…
Quedamos, entonces, a la espera.
Quedamos QAP, Señor Contralor.... Ahora su
Contraloría tiene la palabra.
Héctor Kol
La necedad de vivir
sin tener precio.
Patagonia sin represas… sin salmoneras
Marzo de 2020.
